A pesar de que nuestros políticos
gobernantes han tardado en reconocer la situación de la crisis, todos ellos, ya
sean de un color u otro, se han apuntado rápidamente a aplicar medidas
presupuestarias restrictivas que empeoran las condiciones laborales del
personal al servicio de la administración y tienen un impacto directo en la
calidad de los servicios públicos.
En los últimos años, obsesionados
por cerrar los presupuestos municipales con déficit 0, la administración
pública ha olvidado que su finalidad es dar un servicio de calidad a sus
ciudadanos, empleando una visión netamente neoliberal de acuerdo a las
tendencias de la Europa del capital. Entendemos que en tiempos de crisis, la
administración local ha de fomentar el empleo pública y mantener los derechos
laborales de los empleados municipales.
Los equipos de gobierno municipales
aplican políticas laborales y sociales que benefician a los propios partidos
políticos y a los sectores empresariales afines que les dan soporte y financian
sus campañas; en definitiva practican el “clientelismo” político que garantiza
la continuidad en el cargo. No importa el ciudadano, sino mantener la “poltrona”
con un sueldo millonario. El municipalismo democrático deja paso a la
partidocracia.
¿Qué está pasando en la
administración local?
1. Se adaptan las estructuras orgánicas
en función de los cargos a nombrar y no de las necesidades de la ciudadanía.
2. Hay un exceso de cargos de confianza
con funciones y sueldos de alto directivo en la administración, obviando los
principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el
acceso a la función pública.
3. “Pelotazos” a los presupuestos
municipales por incrementos alrededor de un 30% de salarios de políticos y
cargos de confianza.
4. Se elaboran presupuestos orientados
a la propaganda política del partido gobernante, malgastando dineros públicos
como: prensa, móviles, dietas, vehículos oficiales, comidas, protocolos e
inauguraciones fastuosas.
5. A más privatización, más precariedad
laboral y salarial: se externalizan los servicios públicos, degradando su
calidad, adjudicando los trabajos a empresas afines que suponen un coste mayor
en la prestación del servicio y empeora las condiciones de trabajo del personal
contratado.
6. La gestión pública del sector
privado implica, evidentemente, no dar un servicio social sino buscar un
beneficio a costa de las condiciones laborales de sus trabajadores. Se aplica
la directiva Bolkenstein, “patente de corso”, para desmontar lo que aún queda
del sector público con la colaboración del poder político
¿Cuales son las consecuencias de
estas políticas municipales?
1. Después de 30 años de municipalismo
“democrático” todavía prima el objetivo electoralista del partido gobernante
por encima de las necesidades reales de los ciudadanos.
2. Se genera empleo público “a dedo” y
partidista, vetando a la ciudadanía, en especial a los jóvenes, la posibilidad
de acceder a un puesto de trabajo público.
3. Los funcionarios acceden a la
función pública mediante procesos selectivos y con retribuciones fruto de la
negociación colectiva. La “casta” privilegiada de cargos de confianza, que
ejercen la alta dirección de los servicios municipales, accede por su fidelidad
política y no por su profesionalidad. Se les asigna grandes sueldos,
adjudicados arbitrariamente por el político de turno. Esta situación degrada
los servicios públicos.
4. Una gran parte de los fondos
públicos, que pagamos entre todos, se malgastan sin control sindical ni social
en detrimento de los gastos sociales.
5.
La
externalización y la gestión indirecta precariza el trabajo y tiene como
consecuencias inmediatas:
·
Prestamismo
laboral: utilización de espacios y materiales públicos por personas ajenas a la
administración.
·
Dobles
escalas salariales.
·
Jornadas
laborales con “flexibilidad horaria” impuesta que hacen imposible la
conciliación de la vida laboral y familiar.
·
Generación
de miles de horas extras que corresponderían a puestos de trabajo público con
jornadas enteras. La administración no genera empleo público.
·
Incremento
de la siniestralidad laboral por la falta de vigilancia en la prevención de los
riesgos laborales.
Propuestas de la CGT ante la crisis:
1.
Basta de
nepotismo democrático. No a los nombramientos a dedo y sí al acceso
transparente a la función pública.
2.
Elaborar
presupuestos sociales frente a presupuestos del interés del capital, que
atiendan a las necesidades de los ciudadanos y mantengan los derechos laborales
del personal de la administración con la finalidad de dar un servicio público
de calidad.
3.
Limitar el
número y reducir los salarios de asesores, directivos, cargos de confianza y
políticos. Sí a salarios dignos para todos, no al enriquecimiento
a través del cargo público.
4.
Más
transparencia en la gestión de los presupuestos municipales y de las empresas
dependientes.
5.
Que las
políticas municipales de Promoción económica fomenten el empleo local en lugar
del empleo partidista.
6. Racionalizar las horas extras y
fomentar el empleo público de aquellas que son estructurales.
7.
Potenciar y
desencallar la negociación colectiva en base a:
·
Conseguir
salarios dignos que garanticen el poder adquisitivo del personal de la
administración, teniendo en cuenta la manipulación política del IPC real (gas,
electricidad y agua han subido por encima del 10%, productos básicos, etc)
·
Aplicar
políticas de incrementos salariales que garanticen la equidad retributiva e ir
reduciendo el abanico salarial
·
Garantizar
la participación sindical en la confección de las plantillas y oferta pública
que garantice la dotación correcta de efectivos en todos los servicios
municipales.
·
Conseguir
y mantener las 35 horas de jornada laboral acabando con la flexibilización y
bolsas horarias en defensa de la creación de empleo y de la conciliación de la
vida laboral y familiar
·
Garantizar
y fomentar la promoción interna atendiendo a los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad
·
Fomentar
la jubilación parcial mediante la contratación de relevo, para fomentar el
empleo.
DEFENDEMOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS
PORQUE:
·
El
ámbito público busca la protección social y la redistribución de la riqueza de
forma colectiva mientras que el privado busca la rentabilidad, la eficacia y la
competitividad desde el interés individualista.
·
El
ámbito público ha de garantizar la justicia, la igualdad y la solidaridad
sociales. En el ámbito privado no hay redistribución social y sí explotación
laboral
·
Privatizar
un servicio público significa reconocer el fracaso de los que gestionan la
administración pública, que son los políticos. Por eso hacen falta directivos
profesionales y no políticos fidelizados.
·
No
aceptamos la gestión indirecta de los servicios públicos, es decir, servicios
de titulación municipal de ejecución privada. Reclamamos la municipalización de
los servicios públicos privatizados con el objetivo de fomentar el empleo de
calidad y la mejora de los servicios públicos que recibe la ciudadanía.
ANTE LA CRISIS, LUCHAMOS POR UNOS
SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIALES Y DE CALIDAD.
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Coordinación de Secciones Sindicales de Administración Pública Local
Federación de
Administración Pública de CGT
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