viernes, 8 de noviembre de 2013

Cómo eliminar servicios públicos

Jaime Olmedo
7 noviembre, 2013, publicado en InfoLibre

El Partido Popular nunca ha engañado en, al menos, una cosa: cree que lo público sobra; si algo puede ser afrontado por la iniciativa privada, es imprescindible eliminar las trabas que lo impidan. De ese modo, se reducirá al mínimo el número de empleados públicos, con el consiguiente ahorro de recursos, y se podrán generar “nuevos nichos de negocio” para empresas y entidades financieras que siempre han sido nuestro apoyo. Con esa idea como guía, el actual Gobierno se ha visto “obligado” a obrar con celeridad tras finalizar desastrosamente los antiguos negocios vinculados a la burbuja inmobiliaria, y desaparecer prácticamente la obra pública, que tan pingües beneficios generara durante décadas a quienes gozaban de información privilegiada.


La salida para los poderes empresariales y financieros se dirigió de manera decidida a los servicios públicos, capaces en la actual coyuntura de mover cientos de miles de millones de euros, y a generar, bien exprimidos, miles de millones de beneficio. Sanidad, Educación, y Pensiones, se revelan como los grandes objetivos, sin despreciar otras empresas públicas, que pueden aportar su parte a la cuenta de beneficios. Entre ellas, y dentro de la idea matriz, se encuentran las televisiones públicas, objetivo bien asequible tras el cambio de legislación aprobado merced a la mayoría parlamentaria del Partido Popular.

En este punto, los respectivos gobiernos concuerdan en una estrategia común para minimizar el coste político e impedir una mala imagen en la ciudadanía con posibles repercusiones electorales. Así, como si de un argumentario, de los que cada día se elaboran para uso de portavoces (y periodistas de medios afines), se tratara, se promueven una serie de “mandamientos” dirigidos a la opinión pública. Veamos los esenciales.

1. Reducir la inversión en ese área. Se rebajan las aportaciones anuales por mor de la crisis económica y se ilustran reales o presuntos despilfarros que causen escándalo en la ciudadanía; para reforzar la justificación se comparan los costes con presuntas inversiones que se podrían realizar en terrenos “sensibles” para los ciudadanos (si se trata de televisión se compara con sanidad o educación, si es en esos servicios, se hace con ayudas frente al paro, o las pensiones, y así hasta el infinito).

2. Criticar a los trabajadores. Los empleados deben ser calificados de manera peyorativa; se hablará de “privilegiados con el puesto de trabajo asegurado”, para confrontar con los que lo han perdido en las empresas privadas; se insistirá en el bajo rendimiento, en los privilegios que disfrutan, en altas cifras de absentismo laboral, reales o exageradas,. En este territorio, se propagaran “frase felices”, como la del Secretario de Estado de Economía: “Menos cafelitos, y más trabajo”.

3. Reducción de plantillas. Se comenzará por finiquitar contratos temporales; luego se mermarán pluses, por justificados y merecidos que sean; a continuación se rebajarán sueldos, y por fin se iniciaran ERES en las plantillas consolidadas. Si el punto 2 ha sido convenientemente divulgado, no se producirá mayor rechazo social.

4. Descenso en la calidad del servicio. Con menos inversión y menos personal, la calidad se deteriorara inevitablemente y surgirán las críticas y el descrédito que, debidamente amplificados por los medios afines y portavoces políticos darán paso al siguiente punto.

5. Ventajas de lo privado. Con el apoyo de estadísticas parciales, comparaciones fuera de lugar, y ejemplos denigratorios, se insistirá en que los Gobiernos no pueden dedicar recursos en plena crisis a terrenos donde la iniciativa privada puede realizar la tarea. Se expondrán casos exitosos de lo privado (por puntuales o anecdóticos que sean), y se cuidará el lenguaje para limar aristas que puedan despertar recelos (en este sentido, expresiones como “externalizar”, “ajustar”, o “dimensionar” deben prevalecer frente a “privatizar”, “recortar”, o “despedir”).

6. Cierre, cesión, o venta. O todo junto y en cualquier orden. Se vigilara escrupulosamente que aquellas empresas y personas vinculadas desde siempre a nuestro proyecto -o nosotros al suyo, vaya usted a saber; que hoy se está aquí, y mañana puedes necesitar una recolocación ventajosa- sean las principales adjudicatarias.

Si usted ha leído hasta aquí, y piensa que estaba describiendo el caso particular de la radio y televisión valenciana, acierta… pero solo a medias. Fijesé ahora en Telemadrid, y verá que es lo mismo, solo que un paso después. Ahora piense en la Sanidad, su repago, y la “externalización” de hospitales; en la Educación, con su merma de becas, su alza de tasas, y su multiplicidad de subvenciones a centros privados; en las rebajas reales de las pensiones y el rebrote de anuncios de planes privados de jubilación. ¿Ve usted como un buen argumentario da para mucho? Y si los grandes medios de prensa, y las más importantes cadenas de televisión, dependen de nuestras decisiones, el éxito está asegurado. Las críticas en algunos medios digitales, o en las redes sociales, no pasan de eso: son críticas virtuales.

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